La campaña «La justicia, también en catalán» reclama al Ministerio de Justicia que los baleares puedan ejercer sus derechos lingüísticos ante los tribunales. La demanda principal es adaptar el software para asegurar el uso dos lenguas oficiales.
Las instituciones y entidades adheridas a la campaña han firmado una carta dirigida al Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, para poner en evidencia que, a pesar de los derechos reconocidos y las voluntades expresadas, actualmente los ciudadanos de Baleares continúan teniendo graves dificultades para ejercer sus derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia.
Uno de los problemas principales es que los softwares informáticos de la Administración de Justicia no incorporan modelos de documentos en lengua catalana, lo cual dificulta a los profesionales utilizar de forma habitual el catalán en los procedimientos.
La carta, enviada hace unos días, fue firmada por todos los representantes de las instituciones y entidades que forman parte de la campaña «La justicia, también en catalán». Se trata de una propuesta iniciada en 2021 con la voluntad de fomentar que las personas que así lo deseen puedan utilizar la lengua propia de las Illes Balears ante los juzgados y tribunales.
Estas instituciones y entidades son el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el Govern de las Illes Balears, la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales, el Colegio Notarial, el Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de las Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears y la Obra Cultural Balear.
EXIGEN CAMBIOS TECNOLÓGICOS
En la carta se han reclamado dos mejoras tecnológicas para que los programas informáticos permitan que los documentos se puedan elaborar en formato bilingüe catalán-castellano, así como habilitar un campo con la opción de elegir el idioma del procedimiento y de la notificación con el fin de obtener indicadores de usos lingüísticos y poder monitorizar su evolución.
Asimismo, se ha solicitado una reunión con el Secretario de Estado de Justicia para tratar con profundidad las diferentes cuestiones.
