El último pleno de esta legislatura ha coincidido, en Marratxí, en la conveniencia de pedir un diálogo abierto con el Ministerio de Justicia para buscar un nuevo modelo público de Registros Civiles. Así se minimiza la posibilidad de su privatización y el que pase a manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, evidentemente, querrían cobrar por sus servicios profesionales con el consecuente perjuicio del ciudadano.
A propuesta de Més, todos los partidos han concordado en preservar la titularidad pública de los servicios públicos esenciales, como es el caso de los Registros, por lo que, según han expuesto, “hay que garantizar la gratuidad de todos los trámites y la privacidad de los datos inscritos en los registros”, porque en el momento en que pasan a manos privadas pueden inducir un mal uso y terminar siendo un negocio en manos de unos pocos.
También han halagado la profesionalidad del funcionariado de los Registros en Marratxí, votando por mayoría absoluta el traslado de sus opiniones al Ministerio de Justicia.
En la cuerda floja
Fuentes ministeriales precisaban hace unos días que la propuesta no está descartada por completo y que habrá que estudiar todas las alternativas antes de tomar una decisión, aunque todos son conscientes que no es lo mismo ‘paralizar’ que ‘retirar’.
Esta decisión llega después de otras enmiendas a reformas promovidas por Gallardón, como la de la ley del Aborto, la ley de Tasas, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la reducción del número de aforados. El proyecto del Registro Civil no gustaba ni a los profesionales del ámbito de la justicia ni a los registradores mercantiles, que exigían compensaciones económicas para asumir esta función.
Blanca Garau
