Un total de 4.500 millones euros permanecen ‘secuestrados’ en las arcas municipales de los ayuntamientos de toda España ‘gracias’ a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aplicada por el ministro Montoro.
En el caso de Marratxí, 11 millones de euros están en el remanente de Tesorería y no se pueden dedicar a la atención de las personas, por lo que se busca su inversión a través de las rendijas legales, como los ‘proyectos sostenibles’.
Una moción presentada al pleno municipal de diciembre desde Més, PSIB-PSOE y Guanyem Marratxí (aprobada por mayoría y con la abstención del PP) busca instar al gobierno central a que se les permita la reinversión de este superávit, muy 
superior a la deuda pública del Ayuntamiento, “sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esta inversión que surja de la prórroga presupuestaria del PGE”.
La moción generó de nuevo un agrio debate entre el equipo de gobierno y la oposición. El teniente de alcalde, Miquel Cabot, expresó que “ojala pudiéramos emplear a más funcionarios para el servicio al público y reforzar las acciones en Servicios Sociales, Medioambiente, infraestructuras deportivas y otros servicios muy importantes para hacer frente a las necesidades reales de las personas”.
Por su parte el portavoz del PP, Xisco Ferrà, argumentó que se abstendrían porque no les parece correcto invertir en Capítulo 1 (personal), “ya que lo que pasa es que no 
se motiva a las personas a hacer bien su trabajo y menos después de cambiar de área a muchos funcionarios que estaban a gusto en su puesto”.
En este momento el alcalde, Joan Francesc Canyelles, ‘saltó’ en defensa de las personas que, libremente, habían escogido cambiar de puesto de trabajo dentro de las diferentes áreas, porque estaban ubicados en ramas que no eran las suyas.
“Además”, dijo Canyelles, “nos faltan técnicos desde que ustedes despidieron a ocho de ellos y ahora no se nos permite volver a contratarlos”. El debate derivó en el nuevo plan de productividad y los despidos de los trabajadores que habían sido contratados de manera irregular en la anterior legislatura.
Una información de Blanca Garau
