El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el Departamento de Territorio e Infraestructuras y la ADU han firmado un protocolo de actuación para personas en riesgo de exclusión residencial
El protocolo firmado define las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en el supuesto de que el Servicio de Expropiaciones del Consell de Mallorca, dependiente del Departamento de Territorio e Infraestructuras, tenga que desalojar edificaciones que constituyan la residencia habitual de este colectivo.
En este sentido, se considerarán personas en situación de exclusión residencial y se podrán acoger a este protocolo aquellas unidades familiares que cumplan una serie de características, como por ejemplo:
– Unidades familiares en las que conviven diferentes generaciones y los ingresos provienen únicamente de las personas más mayores.
– Unidades familiares en las que todos sus miembros en edad laboral se encuentren en situación de paro y/o hayan agotado las presentaciones correspondientes.
– Unidades familiares monoparentales con menores a su cargo.
– Unidades familiares en las que alguno de sus miembros tengan una discapacidad igual o superior al 33%.
De este modo el protocolo establece que cuando las actuaciones de la ADU o el Servicio de Expropiaciones puedan dar lugar al desalojo de una unidad familiar de su residencia habitual, se comunicará a las personas afectadas la existencia de este protocolo y se los informará que tienen que contactar con el IMAS, organismo que se encargara de analizar si se da esta situación de riesgo.
Una vez recibida la solicitud y la documentación por parte de las personas afectadas, el IMAS elaborará un informe para confirmar o no la imposibilidad de estas para acceder a una vivienda alternativa. En caso de que no dispongan de ninguna alternativa el IMAS trasladará el informe al ADU, al Servicio de Expropiaciones y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), que se encargará de buscar una solución alternativa antes de que se produzca el desalojo.
