La vecina de la calle Raixa del Pont d’Inca Nou, que el miércoles día 23 de agosto nos confirmó que se había consumado la ocupación de una vivienda en dicha calle que por la mañana la Policía Local había podido frustrar, nos escribe ahora para decirnos que la casa ocupada ilegalmente está siendo desmantelada. Este fin de semana, asegura, “se han llevado las persianas y a saber lo que estarán haciendo dentro”
La ciudadana está indignada “es una vergüenza que además de meterse en una casa, la estén destrozando, no puedo entender por qué no hace nada el Ayuntamiento, dentro de poco cogerán agua y luz”. Nos envía una fotografía en la que se aprecia claramente que faltan casi todas las persianas de la vivienda
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Hay que decir, que la vecina, como muchos ciudadanos y ciudadanas, suelen achacar parte de la responsabilidad de las ocupaciones ilegales al Ayuntamiento, pero en honor a la verdad hay que aclarar que los ayuntamientos están atados de pies y manos a la hora de poder actuar contra una ocupación, tanto es así, que en el pleno municipal celebrado este pasado mes de junio, el Ajuntament de Marratxí aprobó por unanimidad una declaración institucional contra la ocupación ilegal.
En dicha declaración el plenario condenaba y rechazaba “las mafias de extorsionadores que trafican y se enriquecen con viviendas ocupadas ilegalmente”, e instaba al Gobierno del Estado a impulsar los cambios normativos y legales que posibiliten que ante una ocupación ilegal las autoridades locales tengan más competencias para actuar.
En la declaración institucional, y para luchar contra las mafias, el Ajuntament de Marratxí instaba también al gobierno del estado a impulsar los cambios normativos y legales que lleven a un endurecimiento de las penas a las personas que entren en un domicilio ajeno y se mantengan en él en contra de la voluntad del propietario de la vivienda, y más en el caso de que alquilen una vivienda ocupada sin el consentimiento de los propietarios.
No podemos olvidarnos tampoco, que para el inicio de un proceso de desalojo hace falta la denuncia del propietario, que en muchos casos es un banco, que prefiere no intervenir hasta que no tenga comprador, y así ahorrarse los gastos judiciales del proceso de desalojo.
