La consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, y el secretario técnico del departamento, Marc López, han explicado la finalización del proceso de resolución del contrato de las obras del Tramo II de la vía conectora (Mi-30), después de que el Consell Consultiu haya emitido un informe desfavorable. El Tramo II de la vía conectora es el que va desde la rotonda de la carretera de Manacor hasta Son Ferriol.
Garrido ha afirmado que «requeriremos a la empresa que empiece las obras de nuevo con un plazo de 15 meses», que era la cantidad que solicitaban y son 4 meses más de los que marca el Consell Consultiu. Además, la consejera ha manifestado que «es necesario que empiece ya porque queremos que las obras acaben lo más rápido posible porque suponen un malestar que comparto para los vecinos de Son Ferriol, ».
A partir de ahora, la prioridad del Consell es que la UTE asuma el inicio de obras, para que estas acaben lo antes posible, puesto que suponen inconvenientes para las personas usuarias de la carretera y para los vecindarios de la zona de Son Ferriol. Esta UTE está formada por las empresas: Obras y Pavimentaciones MAN S.A., Torrescamara y Cia de Obras S.A.; Estel, Ingeniería, y Construcciones y Pavimentaciones Siquier S.A.
El proyecto del Tramo II se adjudicó el 2014 por 25,6 millones de euros, un 28,5 % menos que el presupuesto de licitación. Las obras se iniciaron el mismo año y tenían que acabar el abril de 2016. Días antes de finalizar el plazo, la UTE solicitó una prórroga y la institución insular le concedió cinco meses de prórroga. Sin embargo, la UTE presentó un recurso de reposición porque pedían quince meses.
Una vez acabada la prórroga, el personal técnico del Consell comprobó que sólo se había ejecutado un 20 % de la obra. Por este motivo, desde el Departamento de Territorio e Infraestructuras se decidió parar el contrato y volver a sacar a licitación el 80 % que quedaba por hacer; en este sentido, ya estaba muy avanzado el proyecto con los detalles de la parte de obra restante y con la actualización de los precios.
Pero, una vez que el Consell Consultiu emitió informe desfavorable, el Consell se ve obligado a parar la resolución del contrato y notificar a la UTE que siga con los trabajos.
