En el pleno celebrado este martes intervinieron en el turno de preguntas que tiene lugar tras finalizar la sesión, la inquilina de una de las viviendas sociales que el Ajuntament de Marratxí tiene en la calle Dr. Gómez Ulla, situada en el Pont d’Inca, y que según un informe técnico encargado por el Ayuntamiento, pero realizado por un arquitecto externo al consistorio, se encuentra en estado de ruina y con riesgo de derrumbe.
Dicha inquilina, de la que omitiremos su nombre refiriéndonos a ella solo con las iniciales M.A., en todo momento estuvo arropada por varios miembros de la plataforma Stop Desahucios Mallorca. M.A. comenzó su intervención dejando patente la ansiedad que le estaba generando el tener que abandonar su casa y las presiones, que aseguró, sufre para que lo haga inmediatamente, situación que dijo, «me ha causado problemas en el corazón, por lo que estoy tomando pastillas». M.A. dejó claro desde el principio que “lo único que pido es que me den una vivienda digna que yo pueda pagar”.
Aparte de la demanda de una nueva vivienda que pueda pagar, M.A. mostró un informe elaborado por otro arquitecto que demostraría que su vivienda no se encuentra en estado ruinoso y que la calificación de este estado, es un error, “mi vivienda está bien, necesita arreglos en la fachada y arreglos interiores porque ha estado sin mantenimiento durante muchos años, pero en ruina no está, si fuera así no habría gente viviendo en el piso de arriba”.
A continuación intervino un miembro de la plataforma Stop Desahucios, que quiso dejar clara la situación en la que se encontraba la mujer “nuestra compañera M.A. es víctima de violencia machista por varias partes, maltratador y entorno familiar, es víctima del incumplimiento de la ley de protección de datos, podemos demostrarlo, tiene dos vértebras dañadas y está medicada para el corazón”. Stop Desahucios aseguró en su intervención que tienen un informe de otro arquitecto (del cual afirman haber entregado una copia al Ayuntamiento), que dice que la vivienda en cuestión “no se encuentra en estado de ruina, lo que hay que realizar es un mantenimiento rutinario de las vigas”, el miembro de la plataforma añade: “en el informe realizado por el arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento se ha debido cometer un error en la ubicación de la vivienda, confundiendo los daños de la vivienda situada en la planta baja derecha con los de la planta baja izquierda”. A raíz de este nuevo informe, la plataforma insiste en que los técnicos municipales comprueben si hay algún error en la identificación de la vivienda “se podrían estar equivocando y llevar a un desahucio sin alternativa a una persona en situación de especialísima vulnerabilidad, y ante esto, nos hemos encontrado, de momento, con silencio administrativo” .
La plataforma finalizó su intervención haciendo un llamamiento al equipo de gobierno: “recapaciten, admitan la discrepancia, piensen que, a lo mejor, se han equivocado y por favor, no den silencio administrativo a estas cuestiones”.
El alcalde Joan Francesc Canyelles respondió a la inquilina y a la plataforma recordando que las viviendas en cuestión fueron construidas en los años 60 “las casas están en un estado deplorable y desde un primer momento lo que nos planteamos, fue salvaguardar la seguridad de la gente que vive en ellas y es por esto que encargamos realizar un proyecto de rehabilitación de la cubierta y reforzamiento de las vigas de hormigón ya que había unas cuantas viviendas con las vigas apuntaladas, por lo tanto es evidente que necesitaban la intervención que se está llevando a cabo en estos momentos. Canyelles puntualizó: «esta intervención es una intervención de avanzada, porque sencillamente lo que se hace es que cuando se acaba la rehabilitación de una vivienda se traslada allí a la familia hasta que pueden retornar a la suya ya rehabilitada”.
El Alcalde fue tajante al afirmar que “yo soy el máximo responsable de cualquier incidente que se pudiera producir tanto en las obras que se están llevando a cabo, como de la gente que vive dentro de las casas y quien deberá responder judicialmente somos la regidora de Servicios Sociales y yo como Alcalde”, ha incidido en que el informe al que se aferra está realizado por técnicos externos al consistorio que constatan la inhabitabilidad de las viviendas y que las medidas cautelares de seguridad están avaladas por el juzgado número 3 de Palma, quien es quien pide, según el dictamen leído por el Alcalde, que “debe prohibirse de forma absoluta la habitabilidad en la vivienda mencionada, ya que es una de las más afectadas por los problemas estructurales, con grietas en paredes y vigas que no cumplen con su misión portante, vigas que ya estaban apuntaladas el primer día de inspección y que deben seguir apuntaladas bajo peligro de derrumbe”.
Joan Francesc Canyelles finalizó enumerando algunos objetivos conseguidos en esta legislatura en temas sociales, “precisamente en estos momentos se está trabajando en la prestación de la renta social garantizada, que será de gran ayuda” además ha recordado la implantación de la tarjeta para la obtención gratuita de productos básicos de higiene y alimentación, así como, entre otras, la ayuda que se ofrece para el alquiler de la vivienda y el ‘cheque’ escolar.
Tras la intervención del Alcalde, los miembros de Stop Desahucios Mallorca abandonaron la sala de plenos para realizar un acto de protesta en la plaza del Ayuntamiento, donde permanecieron hasta la salida del público y regidores lanzando consignas contra los desahucios.
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Que miren el resto de las viviendas .que se hacen por minusválidos y están la pareja metida en el bar