La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado el protocolo de actuación que ha diseñado la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para prevenir robos y hurtos en la campaña de recolección de la algarroba, que está a punto de empezar. La consellera Mae de la Concha ha visitado la cooperativa agrícola de Porreres junto con el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández. El protocolo de este año mejora el que se puso en marcha la campaña anterior, después de que se registraran algunos robos debido al elevado precio de este fruto. Según la consellera De la Concha, «mejoramos el protocolo del año pasado para que sea más garantista y ha pedido la colaboración de toda la cadena de valor». La consellera ha añadido que el algarrobo «es una apuesta de la conselleria porque es un cultivo de futuro, del que se aprovecha todo, que no está afectado por la xylella, y que los agricultores ya ven como un camino a seguir».
El protocolo para esta campaña busca garantizar el control sobre todas las operaciones de venta que se produzcan entre productores, cooperativas y empresas compradoras de algarroba. Todas las operaciones de venta de algarroba a una cooperativa, troceador o cualquier operador económico tendrán que ir acompañadas del certificado de titularidad de los recintos inscritos en el Registro Insular Agrario (RIA) como de algarrobo. El certificado se expide a nombre del titular de la explotación y detalla los datos de todas las parcelas y recintos, la superficie y su manera de producción de secano o regadío. Estos certificados, que los expiden las delegaciones comerciales del FOGAIBA, son obligatorios para los titulares de parcelas inscritas en RIAS de la categoría preferente o prioritaria. Los certificados serán sellados y firmados por la delegación comercial, y permite al titular de la parcela autorizar otra persona a recoger la algarroba. Para facilitar el procedimiento, las cooperativas agroalimentarias y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) podrán solicitar los certificados de todos sus asociados a las delegaciones comarcales de FOGAIBA en dos casos. Por un lado, de todos los socios que hayan tramitado la declaración de la PAC en el último ejercicio. En este caso, la persona representante de la cooperativa o SAT aportará únicamente la lista de perceptores de la PAC. Por otro lado, para el resto de socios titulares de explotaciones, la persona representante de la cooperativa o SAT podrá solicitar los certificados aportando una autorización firmada por el titular y copia del DNI.
Los recolectores de la algarroba, tanto propietarios como autorizados, tendrán que entregar el certificado al comprador, que se lo podrá quedar para así señalar la procedencia de las sucesivas entregas durante la campaña. Los propietarios sueltos, o de explotaciones de ocio y autoconsumo que no estén registrados en el RÍA, o los propietarios de parcelas declaradas como de olivar o de frutos secos, en los cuales no aparezcan inscritos algarrobos, sustituirán el certificado por una declaración responsable firmada, que irá acompañada del DNI y que también será entregada al comprador.
Ante cualquier sospecha de robo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán inspeccionar los almacenes y locales de cooperativas y pedir los comprobantes de las compras.
La algarroba es uno de los cultivos que aporta mayor valor y rentabilidad al sector primario de las Islas. Según datos de las estadísticas de los Servicios de Mejora Agraria y Pesquera (SEMILLA), en 2020 se recogieron 20.358 toneladas de algarroba y la superficie de algarrobos en producción en Baleares es de 10.677 hectáreas. El aumento del valor y los altos precios a los cuales se está pagando la algarroba ha supuesto desde hace unos años robos y hurtos en numerosas fincas. Con este protocolo se ponen las bases para el cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Es una prioridad para la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, puesto que tiene por objetivo una formación adecuada de los precios y también que la renta que perciben los agricultores y la rentabilidad que obtengan cooperativas y las empresas no se vea comprometida.
