Por vía de urgencia y por unanimidad, se ha aprobado solicitar la suspensión de la aplicación de la ley de Soporte al Emprendedor a los clubes deportivos de Balears, a instancias de una moción del equipo de gobierno.
La moción presentada por el Partido Popular de Marratxí muestra el rechazo a las obligaciones que establece la Ley de Apoyo al Emprendedor que quiere promover el Gobierno del Estado y que obligaría a los clubes, asociaciones deportivas y deportistas a hacer frente a unos gastos difícilmente asumibles por los clubes, entre ellos; dar de alta en la seguridad social a sus monitores y colaboradores.
Según el regidor de deportes, Jaume Llompart, quién ha defendido la moción en el pleno “la mayoría de los clubes y asociaciones de las Islas realizan su labor de forma voluntaria a cambio de una dotación económica más bien simbólica o por desplazamiento, en cambio realizan una función social en nuestro municipio y en nuestra comunidad autónoma por lo que consideramos inapropiado tratarlos como si llevaran a cabo una actividad económica”, ha añadido el regidor.
La moción, la primera de estas características aprobada en Balears, insta al Gobierno del Estado a que suspenda la aplicación de la Ley de Apoyo al Emprendedor a los clubes deportivos regionales y locales hasta que se encuentre una solución justa que no les perjudique, así como valorar otras posibilidades en la aplicación de la Ley, a través de un régimen especial o a través de una ley de mecenazgo a nivel nacional, que complemente la que actualmente está tramitando el Govern de les Illes Balears.
El imperativo burocrático, sumado a las inspecciones, ha desanimado a miles de directivos en toda España ante el temor de que la Administración les imponga multas. “Un club no es una fábrica ni una tienda”, alegó el presidente de la federación balear, Miquel Bestard, “ni los entrenadores o masajistas del fútbol base se ganan la vida dedicando seis horas semanales en la formación”.
La insurgencia comenzó en Asturias, en la asamblea general que la federación del Principado celebró el 4 de febrero. Los 160 delegados, representantes de directivos, árbitros, entrenadores y jugadores de los 315 clubes del fútbol base (1.213 equipos) del Principado votaron por unanimidad interrumpir las competiciones el fin de semana pasado, con amenazas de sumarse al paro las federaciones de Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Tenerife, Ceuta y Melilla. Y la ola crece. Avanza hacia el Consejo Superior de Deportes (CSD), primera escollera del Gobierno. En las últimas tres semanas de protestas contra la aplicación de la Ley de Emprendedores, defendida por el CSD, el paro del fútbol aficionado ha afectado a más de 357.096 jugadores, según la Federación Española. Estas movilizaciones frenaron la actividad de más de 21.000 equipos, incluyendo 11.000 partidos.
Solicitan un régimen especial para las entidades deportivas sin ánimo de lucro
El Gobierno balear, del PP, no tardó en pronunciarse a favor de las federaciones a principios de mes. El conseller de Deportes, Jaime Martínez, expresó el “apoyo absoluto” del Ejecutivo de la comunidad. Según fuentes de la federación de fútbol local, Martínez envió una carta al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, pidiendo alternativas a la aplicación de la Ley de Emprendedores a los clubes modestos, ya que no se puede obligar a los colaboradores que trabajan como voluntarios, a cambio de un dinero para gastos, que se den de alta en la Seguridad Social. “Estamos con los clubes porque es de justicia. No podemos tratar este tema (el deporte aficionado) como si fuese una actividad económica, cuando lo que hacen desde esos clubes es una función social”.
Blanca Garau
