Palma ha dado el visto bueno a una nueva ordenanza cívica que regula caravanas, grupos turísticos y patinetes con importantes sanciones para penalizar los incumplimientos.
Cort ha dado luz verde a una nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica de Palma que incluye regulaciones sobre la movilidad de autocaravanas, el uso de patinetes eléctricos y la conducta de grupos turísticos en la vía pública. Esta normativa busca equilibrar el uso del espacio público, evitar la masificación en áreas céntricas y fomentar una convivencia respetuosa entre residentes y visitantes.
Entre los puntos clave, se establece la prohibición de estacionar autocaravanas en determinadas áreas del municipio, una medida que ha generado críticas de colectivos afectados, que alegan que esta política no aborda de forma adecuada la problemática de vivienda vinculada a este medio de transporte. No se les permitirá estar más de diez días en el mismo emplazamiento y pernoctar en ellas. Se ha previsto sanciones de 750 a 1.500 euros.
PATINETES ELÉCTRICOS
La ordenanza introduce restricciones al uso de patinetes eléctricos, estableciendo áreas específicas para su circulación y penalizando su estacionamiento en lugares no habilitados. Se obligará a los conductores a disponer de un seguro de responsabilidad civil que pueda hacer frente a daños de hasta 120.000 euros. Si les pillan sin seguro podrán ser multados con hasta 120 euros. Además, será obligatorio para el conductor ir con casco y chaleco reflectante bajo multa de hasta 90 euros.
Respecto a los grupos turísticos, se limita la concentración de grandes grupos en puntos clave de la ciudad para garantizar un flujo peatonal ordenado y evitar molestias a los vecinos. Las sanciones por incumplimiento de estas normas podrán oscilar entre los 300 y 600 euros, un incremento significativo respecto a las penalizaciones previas.
La normativa ha desatado mucha polémica. Mientras el gobierno local del PP defiende la medida como una herramienta necesaria para mejorar la calidad de vida urbana, grupos políticos como MÉS per Palma critican que la ordenanza ofrece «soluciones policiales a problemas sociales» y reprime derechos fundamentales. Otros sectores, como el PSOE, han señalado una falta de consenso en su elaboración y un enfoque excesivamente punitivo.
