Los repartidores para ahorrar tiempo y cobrar su posible comisión, falsificaban las firmas de los multados como si las hubieran entregado
Los detenidos formaban parte de la empresa encargada de notificar las multas del Ayuntamiento
El viernes pasado, agentes de la Policía Nacional en Palma procedieron a la detención de cuatro trabajadores de una empresa postal encargada de notificar las sanciones de tráfico de Palma y de su máxima responsable en Baleares.
En total se habrían falsificado 23 notificaciones distintas entre comienzos de 2020 y el otoño de 2021. La colaboración de Cort, y la implementación de medidas para impedir nuevos hechos, clave para poner fin a las irregularidades.
La Comisaría de Distrito Centro ha concluido la denominada Operación Strogoff, en la que se investigaba a diversos repartidores de correo por abrir notificaciones dirigidas a ciudadanos de Palma multados por el área de tráfico del Ayuntamiento, y luego con los datos que contenían, falsificar los justificantes de entrega.
Esto ha supuesto un quebranto importante a los ciudadanos porque al constar como notificados sin saberlo, y dejar pasar los plazos para pagar, han visto como sus multas se duplicaban e incluso triplicaban según los casos.
La investigación se inició el pasado otoño y se produjo la detención de una persona el pasado mes de noviembre, sin embargo, en los meses siguientes se recibieron nuevas denuncias que han dado lugar a estas cuatro nuevas detenciones.
El total de perjudicados asciende a 18 personas
La mayoría han sufrido estas irregularidades en una sola notificación, pero algunos de ellos, que habían sido multados en dos e incluso tres ocasiones, han visto como las falsedades se reiteraban en otras tantas ocasiones.
Se ha podido demostrar hasta un total de 23 casos en los que se han abierto las cartas y falseado los acuses de recibo, aunque se sospecha que la cifra pudiera ser bastante mayor al haber pagado los ciudadanos afectados las sanciones y no efectuar denuncia o reclamación alguna.
El procedimiento de notificación estaba regulado y sujeto a un férreo control por parte del Ayuntamiento, que exigía una serie de datos en cada notificación que buscaban garantizar la imposibilidad de que hubiera irregularidades, y asegurase la legalidad de todo el procedimiento.
No obstante, esas medidas, que implicaban el uso de dispositivos electrónicos que registraban con exactitud la hora y lugar en que se realizaban las notificaciones, e identificaban al empleado responsable, estaban pensadas en parte para evitar que ciudadanos notificados correctamente alegasen irregularidades en el proceso y no pagasen las sanciones, pero tenían una laguna, ya que si el repartidor decidía falsear una notificación, podía hacerlo abriendo la carta, anotando en el dispositivo electrónico los datos que contenía, y luego falsificando la firma del receptor.
Estos hechos suponen por un lado un delito contra la intimidad, al violentarse el correo, y una falsedad documental posterior, hechos con una sanción penal importante que sorprendió a los repartidores detenidos, que no parecían ser conscientes de la gravedad de los hechos.
Se investiga que el objetivo de tales acciones por parte de los repartidores era para cobrar comisiones
Con respecto a los motivos para llevar a cabo tales acciones, los agentes estiman que podría tener por objeto cobrar comisiones que abonaba la empresa cuando el porcentaje de notificaciones entregadas era elevado, y que complementaban los sueldos de los repartidores, que eran muy modestos, poco mayores que el salario mínimo.
En principio desde el área de multas del Ayuntamiento también sorprendieron los hechos, puesto que Cort abona una cuantía fija por cada notificación realizada, tanto si es positiva, como si no se logra entregar, en este caso se intenta, con arreglo a la ley vigente, acudiendo por dos veces al domicilio en distintos horarios y dejando al receptor un aviso.
Así mismo, la empresa, además de las medidas internas de control, tenía subcontratado lo que se conoce como cómplice penal (un conjunto de acciones destinadas a impedir la comisión de delitos por cuenta de la compañía) con una empresa especializada. Todo esto no sirvió sin embargo para evitar las irregularidades investigadas a raíz tanto de las denuncias presentadas por los perjudicados ante la Policía como las reclamaciones alegando falsificaciones de firmas hechas en el Ayuntamiento.
Hay que destacar en cualquier caso que se trata de un porcentaje ínfimo de hechos en comparación con el volumen de notificaciones que realiza la empresa en Palma, superior a las 300.000 cada año, y cuyo funcionamiento sería por lo general adecuado, salvo por acciones concretas de unos pocos empleados.
El Ayuntamiento, una vez que empezó a tener sospechas de estas ilegalidades por razón de algunas reclamaciones recibidas, no solo ha colaborado con la Policía Nacional para esclarecer los hechos, sino que ha adoptado nuevas medidas en relación con el contenido de las notificaciones que ha imposibilitado, desde el pasado mes de octubre, que se hayan producido nuevos hechos.
La empresa por su parte, que podría tener que asumir responsabilidades por las acciones de sus ya ex empleados, se ha personado como acusación particular en la causa.
Una vez finalizada la investigación se ha procedido a la detención de los cuatro trabajadores como presuntos autores de un delito contra la intimidad y otro de falsedad documental. Se significa que el pasado mes de noviembre ya se detuvo a otro trabajador como presunto autor de estos hechos, por lo que el número total de detenidos suman cinco.
La investigación continúa abierta ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
