El Ayuntamiento de Marratxí no solicitará al Consejo de Ministros la retirada del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a pesar de la petición de Més per Marratxí en el último Pleno.
La moción presentada, que contó con el apoyo de Independents (IDMA) y de los Socialistas de Marratxí, solicitaba la retirada de este proyecto de ley y la redacción de un nuevo texto que cuente con el mayor consenso posible.
Miquel Rosselló, regidor de Més per Marratxí, defendió que está propuesta legislativa se alejaba del modelo europeo que dota cada vez de mayor protagonismo a la entidad local como forma de acercar la administración a la ciudadanía.
“Esta ley quita competencias a los ayuntamientos y se las transfiere a los consells insulares, a las diputaciones y a los cabildos, y lo único que le falta al Consell de Mallorca, que no tiene financiación propia, es tener que asumir competencias municipales”, expuso Rosselló.
A su juicio, la redistribución de la financiación se tendría que realizar desde arriba hacia abajo, desde las administraciones mayores a las menores, para una mejor gestión de los servicios a los ciudadanos. Y más teniendo en cuenta que, «la realidad es que hoy por hoy, los ayuntamientos dedican parte de su presupuesto a realizar tareas que no son de su competencia», explicó.
Daniel Guirao, portavoz de los socialistas, se mostró a favor de una racionalización de las administraciones pero «siempre y cuando se garantice la autonomía de las entidades locales y los derechos de los ciudadanos». Asimismo, abogó por el consenso entre todos los grupos políticos y la Federación de Municipios algo que lamentó no se hubiera dado.
Por su parte, el alcalde, Tomeu Oliver, expresó estar de acuerdo en que la financiación que reciben los ayuntamientos no es la que toca “porque hacemos más de lo que nos corresponde”, y dijo estar a favor de esta ley precisamente «porque aclara las competencias de cada administración para que cada una asuma lo que le corresponde”.
Oliver justificó el rechazo del equipo de gobierno a esta moción “porque creemos que es el primer paso para reestructurar la Administración. El Gobierno central considera que esta ley ayudará a racionalizar la Administración haciendo que los ayuntamientos compartan servicios conjuntos y que el ciudadano siga teniendo acceso a servicios de calidad con el menor coste”, expuso.
