El Partido Popular de Marratxí logró en el pleno municipal celebrado este martes, sacar adelante una moción, que tras llegar a un acuerdo con la propuesta del equipo de gobierno de realizar algunos cambios en un punto de la misma, la moción popular al final se tradujo en una declaración institucional.
Tras el voto a favor de todos los grupos municipales, se acordó que el Ajuntament de Marratxí solicite a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, “que estudien la proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y protección de la seguridad de las personas y comunidades de propietarios, consensuando la normativa necesaria para corregir un grave problema social de convivencia generado por la proliferación de estas actividades ilegales contrarias a derecho de la propiedad y seguridad de las personas y las cosas”.
La moción presentada por los populares de Marratxí, viene a raíz del anuncio por parte del PP nacional, de la presentación en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas “que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social”. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus agentes) podrán desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.
Según los populares, “la Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada”. Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. Según la propuesta de Ley, la autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.
