El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves en el Congreso de los Diputados que la actuación del Ejecutivo en relación con el espionaje a través de ‘Pegasus’ se guía por la transparencia, la colaboración con la justicia y el refuerzo de la seguridad pública.
En su comparecencia ante el Pleno de la Cámara para informar sobre el espionaje a través del programa informático ‘Pegasus’ este jueves, Pedro Sánchez ha resaltado el compromiso con la regeneración democrática, la ejemplaridad y la lucha contra la corrupción. En la etapa actual -ha asegurado- no hay «bula para apropiarse del dinero público» ni permiso para crear «policías paralelas» que persigan a los partidos rivales. «Con este Gobierno se defiende la Constitución con los métodos que autoriza la Constitución y sin saltarse la Constitución», ha manifestado.
El presidente ha añadido que la acción política del Ejecutivo se guía por los principios de la transparencia, la colaboración «incondicional» con la justicia y el resto de poderes del Estado, y el refuerzo de los servicios públicos, tanto de los pilares del estado del bienestar como de la seguridad de todos los ciudadanos.
Una seguridad -ha apuntado- que exige discreción y confidencialidad, algo que no debe confundirse con la opacidad ni con la vulneración de los derechos fundamentales. La información que afecta a la seguridad nacional está sometida al control de los tribunales, el Parlamento y otras instituciones como el Defensor del Pueblo, según ha explicado Sánchez. El Gobierno -ha remarcado- marca las prioridades en materia de riesgos en este ámbito, «pero ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto».
Informe sobre ‘Pegasus’ y dispositivos móviles
Respecto a la infiltración a través del software de espionaje en dispositivos móviles de políticos independentistas y activistas catalanes y de varios miembros del Gobierno, incluido él mismo, el presidente ha destacado que estos ataques se repiten desde hace años en muchos países del entorno.
«Es un hecho que ha habido un fallo de seguridad en los procedimientos que debían proteger la confidencialidad de las comunicaciones. Y como tal lo identificamos y lo pusimos en conocimiento de la justicia, pero también de todos los ciudadanos, lejos de cualquier intento de ocultación», ha expuesto.
El presidente ha repasado las actuaciones emprendidas para esclarecer este asunto -control interno por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), presentación de las conclusiones en la Comisión de secretos oficiales e investigación de oficio del Defensor del Pueblo- y ha reiterado que «toda solicitud de desclasificación formulada por los jueces» al respecto será atendida con la mayor celeridad.
En su intervención, Sánchez ha abogado por diferenciar «lo que son informaciones con indicios sólidos» de las «simples conjeturas» y ha recordado que el informe del laboratorio interdisciplinar Citizen Lab sobre el espionaje reconoce la imposibilidad de atribuirlo de manera concluyente a una entidad específica. Del informe del Defensor del Pueblo -ha sostenido-, se concluye que la acción del CNI se realizó con pleno respeto a la legalidad vigente. «El Gobierno cumple con su deber de preservar el orden constitucional, con los instrumentos que le otorga la Constitución. Nada fuera de la ley, todo conforme a la ley», ha dicho Sánchez.
Además, el presidente ha subrayado su «rotundo compromiso con el diálogo como única vía para la superación del conflicto político catalán» y ha lamentado que este suceso haya minado la confianza política e institucional entre los gobiernos y haya frenado el diálogo entre las distintas partes, «que tan buenos resultados está dando» en la mejora de la convivencia en Cataluña. Sánchez ha expresado su apuesta por reanudar la «agenda para el reencuentro», enmarcada en la Constitución, para consolidar la concordia en la sociedad catalana.