El Govern impulsará una ley balear de cambio climático con objetivos vinculantes para 2050. Así lo ha confirmado el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard Payeras, que ha hecho balance de su paso por la cumbre del Clima junto al director de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastià Sansó.
París ha acogido entre el 8 y el 12 de diciembre un encuentro en el que han estado presentes 195 países y se ha adoptado un acuerdo por el cual se comprometen a tratar de los objetivos de reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero, que serán revisables al alza cada cinco años.
El objetivo es limitar el calentamiento global entre 1,5 y 2ºC sobre los niveles preindustriales de 1880, un punto que ambos directores generales consideran positivo, como también el hecho de que “el mismo texto reconozca que con los compromisos de reducción concretos propuestos finos ahora no se puede cumplir este objetivo”. También consideran importando que “preparar los planes de reducción de emisiones y comunicarlos sea vinculante”, pero lamentan que “no haya mecanismos claros para obligar a que los objetivos de reducción de emisiones que presenten los países sean suficientemente ambiciosos, ni sanciones para obligarlos a ello. En la balanza negativa también les duele que los derechos humanos hayan quedado fuera del articulado del texto.
Con respecto a las Islas Baleares, los objetivos para la legislatura de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad es potenciar una normativa de energías renovables centrada en el autoconsumo y la eficiencia energética. Joan Groizard apuesta para sacar adelante una ley de movilidad sostenible que “cambie la dependencia que tenemos del vehículo privado”, ya que a nuestra comunidad autónoma la mitad de las emisiones corresponden al transporte, un 35% del cual en el terrestre, y que hay una media de ochocientos vehículos por cada mil habitantes, mientras que en el Estado es de seiscientos vehículos por cada mil habitantes.
Para el 2016, Joan Groizard ha adelantado que “el 100% de la energía que compren las Islas Baleares será de origen renovable”. Esta medida irá acompañada de “la instalación de paneles de células solares a los edificios de la Administración pública y de un plan de ahorro de energía”. También ha recordado que desde el mes de julio “se han triplicado los puntos de carga de vehículos eléctricos”.
Por otra parte, el director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Sebastià Sansó, ha criticado las “contradicciones” del Gobierno del Estado, que “impulsa las prospecciones y el impuesto al sol, y evita apostar claramente por las energías renovables” mientras da la imagen de defender la lucha contra el cambio climático. Asimismo, ha manifestado que uno de los objetivos de esta legislatura de la Consejería es mejorar “las masas forestales y las praderas de posidonia, que son grandes captadoras de CO2” y ha calificado la educación ambiental de necesaria en la lucha contra el cambio climático, que se tiene que hacer presente en la vida diaria de los ciudadanos de manera que se impulse un consumo próximo y responsable.
La ley de residuos autonómica que se tiene que generar esta legislatura “tiene que tener en cuenta políticas de reducción efectivas y una mejora de la gestión, de la mano de los consejos insulares”, que tienen que redactar los nuevos planes directores, de manera que los representen “una herramienta y no un tropiezo”.
El acuerdo que se ha adoptado en la COP21 tiene que ser ratificado por cada Estado comprometido, y entrará en vigor cuando lo firmen 55 países que representen el 55% de las emisiones mundiales
