El Grupo del PP ha registrado una Proposición no de Ley, para su debate posterior en la Comisión de Fomento, por la que se insta al Gobierno a la protección de los derechos de los pasajeros afectados por las cancelaciones de los vuelos de Ryanair. Exigen que se garantice a los pasajeros afectados la correcta información de sus derechos y cómo ejercerlos ante la compañía responsable de los posibles incumplimientos, así como velar por la adecuada aplicación de la normativa europea.
La diputada popular por Baleares, Águeda Reynés, junto a los diputados populares por dicha circunscripción, Teresa Palmer y José Vicente Marí, han destacado que “en muy poco tiempo esta compañía aérea ha podido causar un perjuicio a muchos pasajeros, de ahí que instemos al Gobierno a que defienda sus intereses, especialmente en las comunidades autónomas en las que el transporte aéreo es vital, como Canarias y Baleares.
La iniciativa popular señala que Ryanair “es una compañía aérea con una gran presencia en el mercado español, tanto doméstico como internacional, siendo hoy en día la compañía aérea que más tráfico aéreo gestiona en nuestro país”.
Recuerdan que “el pasado 16 de septiembre la compañía irlandesa anunció que iba a llevar a cabo una serie de cancelaciones que afectarán a cerca de 2.000 operaciones en toda Europa hasta el próximo 28 de octubre”.
Los populares recuerdan que “España es el segundo país europeo más afectado por el plan de cancelaciones, que está teniendo un gran impacto en un gran número de pasajeros”. “De hecho, los pasajeros son en ocasiones avisados con muy poco tiempo de antelación, con los evidentes inconvenientes que estas circunstancias acarrean”.
Al estar el transporte aéreo liberalizado en el ámbito de la Unión Europea, las compañías aéreas tienen libertad para establecer sus rutas y frecuencias. Recuerdan los populares que las Administraciones tienen el deber de asegurar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros establecidos en la normativa comunitaria. Por ello, entienden que el impacto de estas cancelaciones debe ser motivo de actuación para el Gobierno, «que debe velar por el cumplimiento de los derechos de los pasajeros afectados”.
Con su iniciativa, el PP plantea que “se tramite el correspondiente expediente informativo abierto a la compañía, y si del mismo se derivase, la apertura de expediente sancionador, aplicándose, en todo caso, las medidas que se concluyan de estas actuaciones”.
