La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular que pide al Gobierno que continúe impulsando las medidas para detectar, corregir y evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles porque entienden que perjudican al sector turístico y a la Marca España en su conjunto.
Además, solicita que se combatan las situaciones de abusos que se están produciendo por parte de turistas británicos, utilizando los medios diplomáticos y la Consejería de Turismo.
Miguel Ángel Ramis, senador del PP por Mallorca, ha señalado que el Turismo es una cuestión de Estado y “para un país como España y una autonomía como la mía, Baleares, el Turismo es, sin duda, una cuestión capital de Estado, y debería estar ausente del debate político. Nos tenemos que limitar a gestionarlo de la mejor manera posible”. En este sentido, ha agradecido al resto de grupos el apoyo a esta iniciativa que ha permitido que se haya aprobado por unanimidad.
En su intervención, el senador mallorquín ha recordado que en los años 2014 y 2105 se comenzaron a detectar numerosos casos de reclamaciones de indemnizaciones por intoxicación alimenticia. “Estamos hablando de un monto aproximado de 60 millones de euros; de más de 800 británicos identificados sólo en Baleares y que ha llegado a convertirse en un grave problema, no sólo para los establecimientos hoteleros sino para todo el sector de servicios de las zonas afectadas”, ha indicado.
Ramis ha explicado que estas indemnizaciones, en su inmensa mayoría hasta el 2016, se descontaban de la facturación de los hoteles españoles porque los touroperadores británicos, hipergarantistas con las reclamaciones de sus clientes, dejan en la más absoluta indefensión a los empresarios y ofrecen una pésima imagen del turismo y los servicios españoles.
El senador balear ha destacado que el Gobierno español ha actuado en contra de esta práctica a través de la embajada española en Reino Unido, la Secretaría de Estado de Turismo, la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos y asociaciones empresariales de Mallorca, Benidorm, Canarias y Costa del Sol.
Primeros frutos
“La Secretaría de Estado ante el Foreign Office – ha indicado – consiguió que este organismo emitiera un comunicado oficial declarando que las reclamaciones fraudulentas pueden constituir delito penal y fue publicado en los principales medios de comunicación británicos”.
El senador del PP ha puesto de manifiesto que como resultado de las actuaciones las autoridades españolas, británicas, hoteleros, touroperadores y todos los actores implicados, se han retirado cientos de denuncias que estaban interpuestas y que eran falsas; en agosto de 2017 se detuvieron a varias personas y la Guardia Civil ha desarticulado en España organizaciones delictivas que se dedicaban a esta actividad que venían operando desde 2014, entre otras actuaciones.
Por último, Ramis ha asegurado que “hay que ser optimista pero no hay que relajarse y debemos seguir trabajando”. Así, ha señalado que hay que seguir vigilantes, proteger a los turistas y seguir de cerca las modificaciones en la legislación británica y europea. Además, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas turísticas que “ha permitido la detección de estos problemas, la detención de los implicados y la disminución de estafas”.
