La declaración institucional contra la ocupación ilegal de viviendas que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad en el pleno este pasado martes, está generando controversias respecto a la “paternidad” de las circunstancias que llevaron a proponer dicha declaración, los correos remitidos tanto por el consistorio como por el PP a la redacción de Diariodemarratxi.com así lo demuestran. Por un lado el equipo de gobierno reivindica que la propuesta de declaración institucional parte de una iniciativa planteada ya por el alcalde Joan Francesc Canyelles en el pleno de abril .
El Ayuntamiento afirma además que las mociones presentadas tanto por el PP como por Independents-El Pi están basadas en textos propuestos por el equipo de gobierno, y que «lo único que se ha hecho ahora es unificarlos», eso sí, reconocen que la declaración institucional recoge algunos puntos propuestos por el PP.
Por otra parte los populares de Marratxí afirman que la moción de urgencia presentada por ellos fue la que obligó al equipo de gobierno a presentar una declaración institucional de última hora.
Para el PP “la escenificación por parte del Alcalde de Marratxí anunciando en el mes de abril que se reunirían todos los grupos con representación municipal para instar al gobierno central a modificar la ley en lo referente a los okupas, hasta ayer a la 
hora de empezar el plenario, no se había reunido a ninguno de los grupos de la oposición del consistorio” y añaden, “esta moción era la única que figuraba dentro del orden del día, pero a la hora de empezar el pleno el equipo de Gobierno propuso a todos los grupos que se presentara en forma de declaración institucional.
La nota del PP finaliza recordando los argumentos que dió el portavoz del grupo, Xisco Ferrá en el pleno de ayer para justificar la moción “la presentación de esta moción se debe a la multitud de casos de ocupación ilegal que sufre nuestro municipio y porque a pesar de las múltiples iniciativas que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y el Gobierno, queda mucho camino para proteger la propiedad privada de una manera eficiente”.
“En nuestro municipio lo que ha funcionado para evitar la ocupación ilegal ha sido tapiar puertas y ventanas , y que al igual que la Ley de Propiedad Horizontal prevé en el artículo 7.2 privar al propietario de una vivienda en comunidad del uso de la misma hasta un máximo de 3 años si causa molestias a los demás vecinos, se tendría que poder hacer lo mismo en viviendas unifamiliares que causan molestias al resto del núcleo, como en el caso de una vivienda de Es Garrovers que acumula más de 65.000 euros en sanciones por bullicio y molestias a los vecinos.
¿Esta «declaración institucional» significa que el propietario de una vivienda con ocupas ilegales la recupera en el plazo de 24 horas, ya que los agentes del orden desalojan a los referidos ocupas ilegales?