Hemos documentado 28 abonos que representan hasta 119.000 euros anuales a la organización mejor retribuida. Ni las asociaciones ni Mercadona han accedido a facilitarnos información sobre sus acuerdos económicos
facua.org
FACUA-Consumidores en Acción ha verificado la existencia de pagos de Mercadona a la OCU y otras cinco asociaciones de consumidores: CECU, FUCI, UNAE, la andaluza Ucauce y la ya desaparecida Ceaccu. Se trata de abonos que han reportado hasta 119.000 euros a la organización mejor retribuida y que ninguna de sus beneficiarias habían dado a conocer públicamente.
FACUA ha documentado 28 pagos de entre 1.815 y 20.933 euros (ver los documentos) realizados desde 2015 hasta 2022 por la cadena de supermercados. Nos hemos dirigido a Mercadona y a las organizaciones beneficiarias para solicitarles información sobre sus relaciones económicas, pero ninguna de ellas ha accedido a facilitárnosla.
Desde 2006, la ley permite a las organizaciones de consumidores recibir dinero de empresas siempre que se cumplan una serie de condiciones, entre ellas que los acuerdos que recojan los pagos sean depositados en el ministerio competente en materia de consumo y que «no mermen la independencia de la asociación». Antes del cambio legal que se aprobó en diciembre de ese año, los pagos de empresas a las asociaciones de usuarios estaban totalmente prohibidos.
Dada la negativa de las asociaciones y Mercadona a aclararnos si una serie de actividades que vienen desarrollando de forma conjunta estaban remuneradas económicamente , FACUA solicitó al Ministerio de Consumo la relación de acuerdos con entidades empresariales depositadas por parte de las organizaciones inscritas en el mismo.
Y es que se trata de información a la que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, según establece el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Los acuerdos que recogen este tipo de pagos están clasificados como información pública, pero la ley no obliga a las asociaciones a difundirla en sus páginas web y ni tan siquiera a darla a conocer a sus socios.
20.000 euros a la OCU en 2020
En noviembre de 2020, la OCU celebró en Madrid un evento denominado Foro Internacional Euroconsumers. Euroconsumers es el nombre de su matriz europea, que tiene sede en Luxemburgo. En ese evento participó la gerente de responsabilidad social de Mercadona, Adela Torres. Y lo hizo previo pago de 20.000 euros a la OCU. Así lo recoge el acuerdo que firmó un mes antes con la cadena de supermercados.
«Ambas partes se comprometen a no publicitar el contenido del presente acuerdo específico, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso de la otra parte». Este texto se incluye tanto en el convenio firmado con la OCU como los suscritos con las otras asociaciones de consumidores a las que Mercadona viene realizando pagos.
En 2015, la cadena de supermercados constituyó la llamada Mesa de Participación con las Asociaciones de Consumidores, que presenta como un «foro de debate y un grupo de trabajo». En ella han venido participando CECU, FUCI, UNAE, la andaluza Ucauce y la ya desaparecida Ceaccu.
Mediante acuerdos que firman cada año y se comprometen a no hacer públicos, Mercadona retribuye a esas asociaciones la realización de encuestas anuales, la elaboración de informes, la participación en jornadas y los contenidos que se publican en la web de esa Mesa de Participación.
28 abonos de entre 1.815 y 20.933 euros
Según la documentación aportada por el Ministerio, FUCI depositó en el organismo competente 10 convenios con contraprestaciones económicas por importe total de 119.342 euros, suscritos con Mercadona entre 2015 y de 2022. CECU aportó nueve, por un total de 117.527 euros. UNAE ocho convenios, que sumaron 97.042 euros, entre los que no figura ninguno de 2017 ni 2018, aunque en esos años su logotipo sí aparece en los documentos con las conclusiones de las encuestas sobre hábitos de consumo de las asociaciones que integran la denominada Mesa de Participación con la cadena de supermercados.
Ceaccu, que se disolvió en 2017, no presentó ningún acuerdo económico al Ministerio, pese a que en los dos años anteriores participó en las mismas actividades con Mercadona que las otras cuatro organizaciones de consumidores.
En el caso de Ucauce, al ser una organización de ámbito andaluz, tiene que presentar esos convenios a la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía. A comienzos de abril, realizamos una consulta al respecto a la Consejería de Salud y Consumo a través del Portal de Transparencia de Andalucía. Seguimos a la espera de respuesta. Curiosamente, tanto en la web de la Mesa de Participación como en los estudios publicados por Mercadona y las asociaciones aparecía que una de ellas era Cauce, la federación de ámbito nacional de la que forma parte Ucauce. Pero en realidad, no era esa la organización firmante del acuerdo.
Tras las peticiones de información realizadas por FACUA a las asociaciones, los logotipos de dos de ellas han desaparecido de la página web de la Mesa de Participación de Mercadona. El de CECU ha sido sustituido por el de una de sus asociaciones miembros, la valenciana Avacu. El de Cauce, por el de su federación en Andalucía, Ucauce.
FACUA pide prohibir este tipo de pagos
«Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos». Así lo establece el artículo 23.3 de Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
En su artículo 27, dedicado a los «requisitos de independencia» de estas organizaciones, la citada norma indica que pueden percibir «ayudas económicas» de empresas siempre que se realicen en las condiciones de transparencia reguladas en el real decreto y «no mermen la independencia de la asociación».
FACUA ha solicitado al Ministerio de Consumo que modifique la ley, de manera que vuelvan a prohibirse los pagos de empresas privadas a las asociaciones de consumidores, tal y como se recogía en la misma hasta la aprobación de reforma que entró en vigor en diciembre de 2006
